El objetivo es que se incluya este informe como prueba en un amparo colectivo que tramita en la Justicia la ONG que motoriza esa demanda para que se obligue al Estado a cumplir con el Calendario Nacional de Vacunación.
El informe de Auditoría de Gestión de la AGN señala que «al analizar la información a nivel provincial, se puede observar que las diferencias entre la cobertura deseada y la observada se incrementan, alcanzando en determinadas provincias una cobertura menor al 50 por ciento de la población objetivo».
Por otro lado se advierte que «al analizar la distribución de vacunas por parte del Auditado, se observan faltantes en diversas vacunas, valores que se encuentran por debajo de las cantidades planificadas oportunamente junto a las provincias».
El trabajo concluye que «la falta de remisión de las vacunas y los niveles de cobertura observados, menores a los estándares, representan un riesgo epidémico para la población».
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