La Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación actualizó la aplicación del Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, la cual se puso en marcha en 2015.
Se realizaron cambios en el esquema que garantizan que el «procedimiento sea sumamente seguro, con los instrumentos y en las condiciones adecuadas». Por ley debe aplicarse en todas las instituciones sanitarias públicas y privadas del país.
La resolución 3158/2019, publicada en el Boletín Oficial, también señala que “en la actualidad el aborto en Argentina no es considerado delito cuando se solicite la práctica para evitar un peligro para la vida o la salud de la persona embarazada, o cuando el embarazo sea producto de una violación, según establece el artículo 86° del Código Penal”.
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