Además de lo que de por sí revela la importancia de la comparación internacional de cualquier precio, el tema de los medicamentos radica en que surge de un estudio realizado por el gobierno nacional, y con el que convencieron a Mauricio Macri de emprender una ofensiva contra los laboratorios para abaratar los remedios y alivianar las cuentas fiscales.
La primera ofensiva ya está en marcha y la comanda el PAMI. La idea que motoriza su titular, Sergio Cassinotti, es que el contrato que entrará en vigencia a partir del 1 de abril entre el organismo y las tres cámaras empresarias implique un ahorro para 2018 de aproximadamente $5.000 millones, sin necesidad de afectar ni las prestaciones ni los descuentos vigentes para los afiliados al organismo, según calculan y aseguran en muy altas fuentes oficiales.
El cálculo de ese ahorro parte de la base que el año pasado el PAMI gastó en medicamentos $30.000 millones, y que el objetivo es que los precios del nuevo contrato sean en promedio algo más de un 10 por ciento más bajos que lo que venía pagando.
A ese recorte de unos $3.000 millones le agregan lo que hubieran pagado si, en lugar de bajar, los precios se hubieran indexado en función de la inflación prevista para este año.
La receta para lograrlo se conforma de la siguiente manera: comprando mediante licitación y no de manera directa los llamados medicamentos especiales (que son los más caros), y estableciendo precios máximos para los medicamentos ambulatorios, que es lo que hacen todos los países desarrollados a excepción de Estados Unidos, según cuenta en Casa Rosada un funcionario que simpatiza en general con el libre mercado.
Además, ya decidieron limitar el margen de acción en las tareas de auditoría y en la distribución de medicamentos que viene teniendo Farmalink, que es una intermediaria entre los laboratorios, los proveedores de salud y las farmacias, pero que está vinculada con los laboratorios.
Para intervenir en este asunto el Gobierno repatrió a una experta en temas de logística de distribución que trabajaba para un banco internacional. No es casual que la avanzada de la ofensiva la realice el PAMI: sus compras representan alrededor del 40% de la facturación total del sector, y eso le otorga un poder de negociación determinante.
Pero detrás del PAMI hacen fila IOMA (la obra social de la Provincia de Buenos Aires), el gobierno de la Ciudad y el Ministerio de Salud de la Nación, que junto con la obra social de los jubilados compran más de la mitad de lo que venden los laboratorios, y también van a presionar para abaratar los precios.
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