Brotes de triquinosis por la venta de chacinados caseros. Lotes de fórmula infantil con una bacteria temida en las unidades de neonatología. Carne picada con Escherichia coli en un supermercado. Levaduras y «puntos negros» en las leches en polvo para beneficiarios sociales. ¿Quién controla lo que comemos?
«Las enfermedades de transmisión alimentaria (ETA) están impactando mucho en la salud de nuestra población», reconoció Matías De Nicola, director interino del Instituto Nacional de Alimentos (INAL), durante la presentación de la Red de Seguridad Alimentaria del Conicet, en la que participó LA NACION. «Un 25% de las enfermedades son transmitidas por alimentos», dijo el ministro de Salud bonaerense, Alejandro Collia, al recorrer el Mercado Central el mes pasado.
El sistema de control de los alimentos que circulan en el país y la comunicación pública de sus riesgos tienen fallas. Así surge de las respuestas de funcionarios, empresas y especialistas contactados por LA NACION en los últimos meses.
Son inspectores, médicos, bacteriólogos, bromatólogos, veterinarios, epidemiólogos y consultores en manejo de crisis que señalan esas debilidades; hablan de un sistema fragmentado y que descansa más en la responsabilidad de las empresas de poner en el mercado interno productos seguros que en los monitoreos y controles que el Estado debe hacer sobre esos productos. Reclaman mejorar el contacto con los consumidores para investigar mejor las ETA.
Las diferencias en la formación del personal en todos los niveles del sistema son evidentes y los recursos disminuyen al alejarse de las grandes ciudades. El proceso es, también, más permeable a los intereses comerciales que lo que muchos de sus profesionales se animarían a reconocer sin el off the record. La estructura carece también de reacción rápida para alertar a la población ante una amenaza, sin importar las marcas, y qué hacer para no enfermar. Las respuestas de autoridades y empresas en problemas siempre recaen en el eslabón más débil: el consumidor.
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