Un proyecto para crear una agencia evaluadora de tecnologías de la salud, que determinará las prestaciones que cubre el Estado, abrió una polémica porque sus miembros representarían intereses de empresas del sector.
Agencia TSS – El ministro de Salud de la Nación, Jorge Lemus, presentó ante la Comisión de Salud del Senado el proyecto de ley para crear la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de la Salud(AGNET). Esta dependencia sería la encargada de decidir qué medicamentos y tecnologías de salud corresponden a cada tratamiento y, por lo tanto, si deben o no ser parte del Programa Médico Obligatorio(PMO) y la canasta básica de prestaciones del sector público.
La AGNET es uno de los ejes del Plan Nacional de Salud que propuso el ministro al inicio de su gestión. Lemus les dijo a los senadores: “Rige una rapidez en la introducción de nuevas tecnologías y posibilidades de diagnóstico y terapéutica con un alto interés de la industria y los potenciales usuarios, que presionan para que sean introducidas en un uso generalizado sin que sea posible evaluar rigurosamente su impacto clínico real, sus consecuencias bioéticas y su impacto social. Hay una asignatura pendiente en esto”. Según el funcionario, las decisiones que tome esta agencia serán de carácter vinculante en la Justicia para evitar la judicialización del sistema de salud.
El organismo sería “descentralizado en el ámbito del Ministerio de Salud, con autarquía económica, financiera, personería jurídica propia y capacidad de actuación en el ámbito del derecho público y privado”, según se detalla en el proyecto. La AGNET estaría conformada por un directorio de cinco miembros nombrados por el Poder Ejecutivo Nacional, un Consejo Asesor de nueve miembros de diferentes instituciones y organizaciones relacionadas con la salud, y un Consejo de Evaluación con miembros que representen a la Defensoría del Pueblo, la Superintendencia de Servicios de la Salud, los financiadores de la salud del sector privado, los agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud y las diversas regiones del Consejo Federal de Salud.
El ministro de Salud de la Nación, Jorge Lemus, presentó ante la Comisión de Salud del Senado el proyecto de ley para
crear la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de la Salud (AGNET).
TSS habló con la senadora Anabel Fernández Sagasti (FPV), quien sostuvo que “dado el gran interés económico y poder de lobby de los productores de tecnologías para la salud, como la industria farmacéutica y los financiadores del sistema como las obras sociales y las prepagas, resulta fundamental que tanto el directorio como los consejos que se proponen en el proyecto no estén integrados por personas que respondan a esos intereses, como plantea el proyecto del Ejecutivo, ya que en lugar de brindar más transparencia, lo único que se logra es que quienes quieren manipular las decisiones que toma el Estado en términos de salud, puedan hacerlo desde adentro”.
El proyecto señala que los directores nombrados por el Ejecutivo deberán tener idoneidad en la materia y prestigio profesional, pero no plantea otros requisitos ni contempla incompatibilidades para ejercer las funciones. “Un buen mecanismo de designación –explica Fernández Sagasti– sería el concurso público con evaluación de antecedentes e incompatibilidades en la función pública, e, incluso, que dicha elección sea supervisada de alguna manera por el Congreso de la Nación, ya sea con la conformación de una comisión bicameral para su designación y seguimiento, o con el acuerdo del Senado. Sería un problema grave que, como ha ocurrido en otras áreas del Estado durante esta gestión, sean CEOs de las prepagas y de la industria de la salud quienes definan qué tratamientos y prestaciones serán garantizados por el Estado y cuáles no. Eso implicaría una regresión en términos de derechos adquiridos, a favor del enriquecimiento de quienes piensan en la salud del pueblo como un negocio y en los medicamentos como una mercancía, y no como un bien social y un derecho de la ciudadanía”, considera la legisladora.
Actualmente, la inclusión de los tratamientos o prestaciones en el PMO las decide el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud de la Nación, y el Congreso de la Nación a través de la sanción de leyes que así lo determinan. Además, las prestaciones de discapacidad y los tratamientos oncológicos y de enfermedades como el sida, entre otros, son financiados por el fondo de redistribución que maneja la Superintendencia de Salud, que incluye fondos públicos y de la seguridad social, y por el propio Estado.
“El proyecto, en lugar de brindar transparencia, lo único que lograría es que quienes quieren manipular las decisiones que
toma el Estado en términos de salud, puedan hacerlo desde adentro”, dice la senadora Anabel Fernández Sagasti (FPV).
Hace unos pocos días se supo de la renuncia de Carlos Falistocco, director del Programa de Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual del Ministerio de Salud de la Nación, en medio de una polémica por la falta de insumos para el área que tenía a su cargo.
El PMO constituye un piso mínimo de prestaciones que el Estado define y debe garantizar el sector privado de servicios y las obras sociales, pero no es lo único que debe financiar. Su ampliación también se relaciona con las necesidades de salud de la población y, en todos los casos, el Estado es el garante último de que las prestaciones que se necesiten sean brindadas por el sistema.
“Sería necesario evitar que quienes tienen intereses creados y deben ser regulados por el Estado formen parte del organismo que debería regularlos. Con esta agencia en manos equivocadas y especulativas corremos el riesgo de generar un sistema regresivo, en el que la población tenga cada vez menos derechos y deba aumentar su gasto de bolsillo. Hasta es posible que se excluyan derechos ya adquiridos, como pasó con el PAMI, cuando se decidió excluir medicamentos supuestamente antiguos y que ya no servían”, sostiene la legisladora.
Fernández Sagasti considera que “hoy, en la Argentina, es necesario regular los precios de algunas tecnologías para la salud y de los medicamentos, con una transparencia de la estructura de costos por parte de los productores y un sinceramiento de las ganancias que pretenden. De otra manera, el Estado será el único que financie los tratamientos más costosos, a costa de reducir la inversión en el sistema público, lo que solo beneficiará al crecimiento del sistema de servicios privados, que únicamente brindan atención a quienes pueden pagarlos”.
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