Juicio oral por medicamentos adulterados

La Corte Suprema de Justicia ratificó la realización del juicio oral y público contra los acusados de haber comercializado medicamentos adulterados para hemofílicos, al menos entre 2008 y 2010, informaron hoy fuentes judiciales. El máximo tribunal rechazó los planteos presentados por las defensas de Hugo César Alcaraz, Mario Roberto Negrete y Sabrina Noelia Negrete, acusados por delitos que prevén una pena de entre 3 y 16 años de prisión.
Las tres personas que presentaron recursos y otros imputados en el expediente deberán afrontar en el juicio oral cargos por «haber participado en la comercialización ilegal de medicamentos destinados a tratar la hemofilia, por lo menos desde el año 2008 al año 2010».

El Tribunal Oral Federal 5 (TOF5) y la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal habían rechazado los pedidos de «probation» de las defensas, pero quedaba pendiente la decisión de la Corte Suprema ante un delito que la fiscalía consideró de «una gravedad importante».
El TOF 5 sostuvo que la oposición fiscal era «lógica y fundada» y avaló la realización de un juicio oral y público «para determinar la participación, responsabilidad y eventual sanción que pudiera corresponderles a cada uno de los imputados».
Fuentes judiciales reportaron hoy que en su último acuerdo la Corte desestimó ese recurso y ratificó la realización del juicio, en el que los imputados podrían ser condenados a penas de hasta 16 años de cárcel.
La acordada del máximo tribunal, que declaró «inadmisibles» y desestimó los recursos de queja de las defensas, llevó las firmas de los jueces Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti.
Según el fiscal general Diego Luciani, «se trata de un hecho muy grave, ya que se está hablando de personas que hacían una doble comercialización de medicamentos de hemofilia con la consecuente pérdida de la cadena de frío».
«En casos donde se producían episodios de esta enfermedad, el desenlace podía ser fatal si no toman este remedio», advirtió el fiscal en el dictamen que fue tomado como referencia para descartar una «probation» para los acusados.
El fiscal sostuvo en el dictamen que la forma en que fueron comercializados los medicamentos «implicó un riesgo de que los fármacos pierdan la cadena de frío y aparejó un grave peligro para la salud en general, por las potenciales víctimas que ingiriesen esos productos».